NEGLIGENCIA EN EL BUFETE

Isabel Fernández calma los nervios tras encararse con Carlos Gómez Menchaca a la entrada del bufete, en el número 47 de la alameda Mazarredo de Bilbao. Su historia, una más de tantas, es sangrante. «Perdí hace doce años a mi madre por una negligencia. Acudí a estos abogados porque supuestamente eran especialistas en errores médicos. Me prometieron que sacaríamos un montón de millones, aunque yo sólo quería la inhabilitación del médico, nada más. Me pidieron medio millón de pesetas de entonces, y luego me enteré por la jueza de que ni siquiera se habían presentado al juicio». Las primeras denuncias contra Gómez Menchaca Abogados datan de mediados de los 90. Los dos letrados, hermanos, habían constituido la Asociación de Víctimas de Errores Médicos de Euskadi, con la que atraían casi de forma masiva a quienes consideraban haber sufrido una negligencia. Les prometían altas indemnizaciones, a cambio de fuertes adelantos económicos. Pero los letrados nunca se presentaban a los juicios, no cursaban las demandas o lo hacían fuera de plazo, según explica la presidenta de la plataforma que aglutina a un centenar de afectados, María Teresa Ruiz Azkorra. Decenas de clientes les denunciaron al Colegio de Abogados de Bilbao, y el caso sigue coleando por los tribunales desde el año 2000. Hoy, más de una década después de que arrancaran las batallas individuales, la plataforma que da voz a los perjudicados por este bufete (Asahergomen) continúa manifestándose frente al Colegio. Ayer, una veintena de ellos blandió carteles y lanzó proclamas ante el Colegio y ante el bufete, y lo repetirán en septiembre y octubre. Aseguran recibir «cada día nuevas quejas» respecto a los hermanos Gómez Menchaca. Y, ante todo, denuncian que el Colegio de Abogados solamente les haya sancionado —con expulsiones temporales— y «no tome la decisión que tiene que tomar: cumplir con el reglamento del Colegio y expulsar a estos abogados morosos que han reincidido tres, cuatro y mil veces», reclama María Teresa. Una década después los afectados tampoco han recibido dinero alguno, ya que los denunciados se han declarado insolventes. En 2006 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenó el embargo del mobiliario de la oficina de Carlos y Roberto Gómez Menchaca, presidente y tesorero de la supuesta asociación, quienes, pese a todo, siguen ejerciendo, ahora especializados en «reclamaciones médicas». En su página web precisan: «Abarcando todas las ramas del Derecho, disponemos de una sección superespecializada (sic) en responsabilidad médica, pionera en todo el Estado español». Isabel Fernández no entiende cómo las instituciones —«el lehendakari, el Defensor del Pueblo...»— no les apoyan. La Justicia les ha dado la razón en sucesivas sentencias, al tiempo que los abogados han ido recurriéndolas. Pero, al declararse embargados, no han pagado siquiera las costas de ninguno de los procesos que han perdido. La de Isidoro Iglesias es otra historia impresentable. Confió en un abogado que le exigió 23 millones de pesetas para llevar su caso pero que tampoco llegó a acudir a ningún juicio, con lo que tiró el caso por la borda. «Perdí mi casa, perdí mi trabajo, lo perdí todo. Y no me han devuelto nada», subraya, desesperado. Otra mujer explica la desgracia de su hermana, que dio a luz a una niña con malformaciones como consecuencia, de nuevo, de un error médico. En 1997, la familia acude al bufete de la céntrica alameda Mazarredo y adelanta 125.000 pesetas, «mucho dinero para aquel tiempo». «Lo único que hicieron fue aprovecharse de ella», cuenta la hermana. «No hicieron absolutamente nada, así que tuvimos que pagar a otro abogado y con ése, dos años después, ganamos el caso a Osakidetza». Leyre Iglesias.

Publicado por el diario " EL MUNDO"